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Consejos Legales
“Las consecuencias que puede traer el extravío de la tarjeta de residencia en un viaje de vacaciones” (18/03/2013)
Aun a aquellos que creemos que hemos visto casos en todos los sentidos en cuanto a la práctica del derecho migratorio, la realidad diaria no deja de sorprendernos.
Como en otras ocasiones traigo a estas páginas un caso real para que nos pueda dar una idea de la inseguridad jurídica en la que nuestra normativa de extranjería sitúa a aquellos que aun con su autorización vigente actúan en el tráfico jurídico con plena confianza.
Llamémosle Mariel a nuestra protagonista protagonista…ella, es residente en España, con una autorización vigente hasta el año 2016. Es una tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea ya que en el momento de su solicitud se encontraba sin empleo y dependía de su madre, de nacionalidad española.
Mariel es mayor de 21 años, con todo y esto se encontraba dentro del supuesto del reglamento que regula la residencia de comunitarios (RD 240/2007), que se prevé para la obtención de una tarjeta de residencia en régimen comunitario. Es decir, hija de ciudadana española de la que depende económicamente.
Debemos aclarar que, como muchos saben, esta tarjeta se emite con una vigencia de 5 años o dependiendo de la vigencia del NIE del comunitario, en el caso de que se trate de ciudadanos de la Unión Europea que "dan el derecho" e igualmente permite el trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia durante su vigencia.
Pues bien, Mariel no pudo salir de España durante un tiempo mientras regularizaba su situación. Sin embargo, tras arreglar su situación migratoria con la consiguiente obtención de la residencia legal, decide volver a su país aprovechando las vacaciones navideñas y quedarse allí unos tres o cuatro meses.
El reencuentro con su familia fue grato, pero con la única mala suerte de que en sus vacaciones perdió su tarjeta de residencia. Mariel es nacional de un país para cuyos nacionales se les requiere visado de entrada para entrar en el espacio Schengen, incluida por tanto España.
Con este panorama, nuestra protagonista decide acudir al consulado de España y solicitar un visado por robo o extravío de tarjeta con la documentación que estas delegaciones oficiales requieren cuando se trata de extravíos. Y es a partir de ahí donde comienza el periplo
Tal y como tristemente nos tienen acostumbrados, muchos consulados asumen roles fiscalizadores que de forma discrecional e ilimitada ejercen perjudicando los intereses de un ciudadano.
En este caso, el consulado en vez de limitarse a verificar la residencia regular de la solicitante en España, la denuncia por la pérdida de su tarjeta y la correspondiente emisión del visado, le exigieron nuevamente la documentación que ya la propia afectada había aportado a la Oficina de Extranjería de Palma con la solicitud de su autorización e incluso más documentos de los aportados en Palma.
El problema en este caso estriba en que el tiempo que transcurría ya sobrepasa los cuatros meses, acercándose a los seis meses que supondrían eso sí, la extinción de su tarjeta y sin que el consulado concretase nada. Concretamente, el consulado se convierte en una zancadilla en lugar de una solución.
Hace escasos días, la llamaron del consulado español argumentándole que la tarjeta que ostenta no le corresponde en función de sus circunstancias en España. Ello debido a que Mariel ha trabajado durante un par de meses y con ello ya no dependería económicamente de su madre.
A partir de ahí. entramos en un terreno nada claro ya que el reglamento que regula la residencia de comunitarios (RD 240/2007) no regulara el caso de aquellos residentes que dejen de depender de quién les da el derecho, y aunque si bien establece que se revisarán en ciertos casos la persistencia de las condiciones que motivaron la concesión inicial, nunca se podría deducir que con un empleo de escasos meses en un periodo de de varios años, nuestra amiga Mariel hubiese tenido con ello medios de vida propios y cesado en su condición de "mayor de 21 a cargo". Le instaban como única solución a solicitar un visado de residencia y trabajo inicial; un expediente nuevo con la consabida problemática que conlleva.
Además de esta forzada y restrictiva interpretación que nos llega desde quién actúa como un virreinato, no existe una resolución por parte de quién es competente para su emisión (no lo es el consulado), de revocación de la residencia de Mariel. Juzguen ustedes si esta actuación se ajusta o no a derecho.
Comienza la desesperación y la indefensión. ¿A quién acudimos? ¿Quién puede corregir este desmán? Como segunda opción y si ya es irremediable nos queda el enfrentamiento. En esta misma línea debemos dirigirnos siempre y ante situaciones como esta, al Defensor del Pueblo.
En su página web las vías por las que podemos interponer escrito de queja. Debemos igualmente dirigir un escrito exponiendo la situación a la Subdirección General de Asuntos de Extranjería, dependiente del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación sin que ellos nos garantice una solución inmediata o un fallo a favor.
Después de todo lo dicho queda claro que los casos que aquí pueda traer, no suponen la común de las situaciones, sino que se trata de ejemplos puntuales, pero nos han de servir a modo de ejemplo para que pongamos el máximo cuidado en nuestros movimientos, especialmente cuando salgamos del país.

Fdo. Breogan Gómez Losada

 

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