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Consejos Legales
A mí no me han contratado para hacer esto…..” (28/12/2011)
Es práctica habitual en el mundo laboral el desempeñar funciones y tareas que corresponden a una categoría profesional superior a la que figura en nuestro contrato. Es común en sectores como la hostelería tener contratados ayudantes de camarero que realizan funciones de camarero o en el mismo sector ayudante o pinche de cocina cuyas funciones están más próximas a las de un cocinero.
La hostelería no es el único sector. Es una práctica habitual en sectores como la construcción en la que los peones desempeñan tareas de oficiales o sectores industriales como el metal. Quizá el sector en el que sucede esto de forma más habitual es el de oficinas y despachos en el que la categoría de auxiliar administrativo es la estrella de los contratos aunque la mayoría de las veces las funciones son de oficiales administrativos.

¿Qué es la movilidad funcional?

La realización de funciones que no corresponden al grupo profesional o categoría por la que se está contratado recibe el nombre de movilidad funcional y está legislada en el capítulo tercero, sección primera, artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores (RDLeg 1/1995, de 24 de Marzo).

En líneas generales el mencionado artículo 39 del ET permite la movilidad funcional “si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención…”. Además se entiende la movilidad funcional tanto para realizar funciones superiores como para realizar funciones inferiores.
Uno de los aspectos que casi nunca se cumple es lo que recoge el punto tercero del Art.39 ET, que dice que la retribución debe ser la correspondiente a las funciones que efectivamente se realicen, salvo en los casos de encomienda de funciones inferiores.
Aquí está el principal problema, el pensamiento del trabajador de: “trabajo de camarero y cobro como un ayudante de camarero”. No es necesario recordar que el salario es uno de los principales factores de la relación laboral. Por lo general todo va bien en una relación laboral hasta que se toca el bolsillo del trabajador en forma de ausencia de subidas de IPCs, no poder hacer las horas extras que antes se hacían, incluso una bajada salarial pactada.

La legislación laboral recoge unos plazos máximos en los que se puede estar desempeñando funciones superiores a la categoría profesional que se posee, en concreto 6 meses en un periodo de un año u 8 meses en un periodo de dos años, aunque se pueden establecer plazos distintos mediante la negociación colectiva.

¿Qué hacer?

Si se sobrepasan estos límites podemos reclamar el cambio de categoría profesional y la diferencia salarial. Las acciones se pueden acumular, es decir, tenemos derecho a pedir tanto el ascenso como la diferencia salarial correspondiente. Si se obtiene la negativa de la empresa se puede recurrir a la jurisdicción competente, en este caso la social. Debemos tener presente que al acudir al juzgado hay que probar, demostrar, el haber realizado las funciones de la categoría superior.

La realidad

Cuando la movilidad funcional se produce por realizar funciones superiores, habitual costumbre del mundo laboral en España, creo que beneficia al empresario por reducir costes tanto salariales como de seguridad social. Para el trabajador poco beneficio tiene a excepción del reconocimiento laboral y el saberse útil más allá de la categoría que dice su contrato. En la práctica poco se puede hacer, sobre todo en la pequeña y mediana empresa que aglutina a la mayoría de los trabajadores. Es difícil poder demostrar que cada una de las funciones que desarrollamos corresponden a las de un nivel superior, y muy fácil para el empresario acogerse a la existencia de razones técnicas u organizativas, aunque no es muy comprensible que en un negocio de restauración existan tres ayudantes de cocina en la plantilla y ningún cocinero.
A la dificultad de probar que estamos contratados con una categoría más baja que la correspondería por las tareas desempeñadas, se une el complicado panorama laboral, el miedo de las personas a perder su empleo y pasar a formar parte de la larga lista de parados y la posible extinción de la relación laboral en cuanto se cree el menor conflicto con el empresario, aunque en el caso de un contrato indefinido el empresario se verá impedido para realizar un despido, o en su caso sería considerado nulo a tenor del Art. 55.5 del ET.

Lo que sucede en la práctica es que el trabajador no dice nada ni recurre a exigir sus derechos laborales por miedo a perder su empleo. En los últimos años ha habido importantes reformas de la legislación laboral, aunque en nada ha influido a la movilidad funcional. No es una de las preocupaciones actuales. Lo que sí podemos esperar es que con la nueva Ley de la Jurisdicción Social aprobada el pasado octubre mejore el ritmo de los juzgados sociales y los “cortos” plazos en los que se procesan las causas preferentes del ámbito social, se extienda al resto de conflictos laborales.



Sergio Valiente
VALIENTE ABOGADOS
Área Laboral.

 

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