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Mallorca
Un juez de Palma concede el derecho a trabajar a un ciudadano uruguayo basándose en el tratado de reciprocidad de 1.870 (11/10/2008)
Sin embargo, la sentencia ya ha sido recurrida por un abogado del Estado en el Tribunal Superior de Baleares
Por Juan Pablo Blanco
En la sentencia del juzgado contencioso administrativo de Palma de Mallorca se reconoce el derecho a un ciudadano uruguayo a la autorización de residencia y trabajo solicitada con base en el artículo 8 del tratado de 1.870 entre España y Uruguay.

En este sentido, en la Sentencia del 1º de septiembre de 2008 estima la demanda de un ciudadano uruguayo que había solicitado el permiso de residencia y trabajo en julio de 2006 amparándose en el artículo. 8 del Tratado de Paz y Amistad de 1870 firmado entre España y Uruguay.
Según el abogado, Igor Valiente quien le ha estado haciendo un seguimiento a este tema, “el artículo 8 del Tratado de 1870 contempla la posibilidad de trabajar libremente en cada país recíprocamente”
El letrado recuerda que “en 1992 se modificó el Tratado entre Uruguay y España, pero de todos modos el de 1870 quedaba vigente en todo aquello que fuese compatible con el nuevo Tratado de 1992”.
La discusión se planteaba-según Igor Valiente- en la interpretación que se le diese al artículo 14 del nuevo Tratado de 1992, que regula las condiciones para trabajar de los uruguayos en España y de los españoles en Uruguay. En el Tratado de 1992 el artículo 14 habla de otorgar facilidades para trabajar en pie de igualdad que los del país de acogida. La cuestión es si este nuevo artículo sustituye y anula el artículo 8 del Tratado de 1870 queriendo regular el acceso al trabajo de un modo distinto, o si por el contrario lo complementa.
Cronológicamente, explica Valiente, el 26 de septiembre del 2006 se dictó sentencia por el Tribunal Supremo por la que en el Recurso de Casación en Interés de la Ley núm. 5/2005, “se entiende que el artículo 14 del Tratado de 1992 viene a sustituir al artículo 8 del Tratado de 1870, ya que al regular la misma materia pero de forma sustancialmente distinta y al ser los términos jurídicos empleados y su significado diferentes, hace que quede anulado el artículo 8 del Tratado de 1870. Por tanto el Tribunal Supremo interpreta y sentencia que los ciudadanos uruguayos en España tienen que someterse a la Ley de Extranjería, con todas sus exigencias
El abogado Valiente comenta que dicha sentencia tiene un importante peso en los Tribunales de inferior grado, y para poder ir en un sentido contrario debe fundamentarse con cierta fortaleza.
En este caso la juez del Contencioso-Administrativo nº2 de Palma ha atendido a la demanda planteada por el ciudadano uruguayo que reclamaba la vigencia del artículo 8 del Tratado de 1870, así como la interpretación amplia y positiva el artículo 14 del nuevo Tratado de 1992, reclamando por tanto que esas facilidades del artículo 14 supongan la concesión de un permiso de trabajo y residencia sin ningún tipo de limitación.
La Sentencia que declara el Derecho a la Autorización de Residencia y Trabajo al ciudadano ya ha sido recurrida por el Abogado del Estado y está pendiente del recurso de apelación interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

Fdo. Juan Pablo Blanco




 

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